El control territorial en la ciudad ha hecho que de enero a septiembre de 2017, según registros oficiales, el desplazamiento intraurbano haya aumentado en un 29% con relación al año anterior. Los puntos críticos son Robledo, San Javier y Altavista.
Amenazas constantes, líderes sociales asesinados, extorsiones intermitentes, balaceras sin aviso, juventudes que se resisten a la guerra. Son varias las razones por las cuales 710 familias han abandonado sus barrios en Medellín, entre enero y septiembre de este año, buscando casa en otro sector, pidiendo posada a un familiar o un albergue a la Alcaldía.
Según informe de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas (UMARV), los casos han aumentado en un 29% con relación al año anterior, en el mismo periodo, donde se registraron 552 familias afectadas.
“El panorama es bastante desalentador: entre 1985 y julio de 2017 un total de 133.403 personas fueron expulsadas y desplazadas en Medellín. Para hacerse a una imagen, equivale a casi tres veces el aforo del estadio Atanasio Girardot”, indica la organización Corporación Región de Antioquia, a través de un manifiesto en su página web, en el que declara este hecho como una ‘emergencia humanitaria de víctimas’ y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Los casos más alarmantes, que representan un 46% del total, según UMARV, son los de Robledo (comuna 7) con 113 casos; San Javier (comuna 13) con 109 y Altavista (corregimiento) con 105 hogares afectados. En el último caso “la mayoría proviene de sectores limítrofes, destacándose principalmente Aguasfrías y el barrio Altavista de la Comuna 16, principalmente del sector de Buena Vista, (…) lo que evidencia que este territorio también ha estado afectado por la conflictividad reciente entre estructuras armadas”, indica un informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, de mayo pasado.
Las principales razones de desplazamiento intraurbano, de acuerdo con el informe de la unidad municipal, son: por amenazas 569 hogares; por abandono y despojo de bienes muebles e inmuebles 45 hogares; por homicidio 13 hogares y por delitos contra la libertad e integridad sexual 11 hogares. Entre otras causas, se encuentra el de intento de reclutamiento -39 hogares-, que no se tiene en cuenta como hecho victimizante.
“Nos negamos a seguir registrando las noticias del debacle de esta ciudad, así no más, indolentes, ‘como si nada’”, insiste Corporación Región en su editorial, pues durante este año se han presentado 3 desplazamientos masivos: entre mayo y junio, 10 hogares (26 personas) se desplazaron del barrio Robledo; entre julio y agosto 31 familias salieron del corregimiento Altavista (102 personas) y entre agosto y septiembre del barrio Belén salieron 15 hogares (61 personas), señala la UMARV.
La disputa por territorios, son «en función de conservar rutas estratégicas para el transporte de armamento y de drogas en los lugares de salida de la ciudad; escenario en el cual se diversifican las formas de financiación de los grupos armados hasta el punto de controlar la recolección de basuras, actividades que hasta ahora se vienen detectando», aclara la investigación.
Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal, sector encargado de atender, acompañar y registrar las familias que solicitan ayuda oficial, aclara que hace falta mayor presencia por parte de las autoridades en algunos sectores de la ciudad y pide a las comunidades informar oportunamente las situaciones que los ponen en riesgo, enfatizando que “los territorios son para las familias, no para los grupos armados”.
Fuente: Yorley Ruiz M.