Eln violó cese el fuego por masacre en Magüí Payán, según Defensoría

Una comisión humanitaria, que se desplazó hasta la población nariñense, corroboró la muerte de 13 personas y denunció que la comunidad no solo está confinada, sino que sus líderes sociales están amenazados.

Pasada una semana de la masacre de 13 personas en la  o del municipio de Magüi Payán (Nariño) –hecho corroborado tanto por la Alcaldía como la Personería local– este martes la Defensoría del Pueblo ratificó la gravedad de los hechos y le agregó un ingrediente más: responsabilizó al Eln de los homicidios y advirtió que se trata de una violación del cese al fuego acordado con el Gobierno Nacional, en el marco de los diálogos de paz. (Lea: Confirman 13 muertos en Magüi Payán)

El organismo, que dispuso de una comisión humanitaria para verificar lo sucedido, confirmó las versiones que circularon desde un primer momento: que, producto de un enfrentamiento armado entre disidentes de las Farc y guerrilleros del Eln, había 13 víctimas mortales. Se corroboró también el temor latente entre los pobladores ante nuevos hechos violentos y las restricciones a la movilidad que sufre la comunidad. Pero, ¿cómo y por qué hubo una masacre?

La Defensoría logró establecer que, sobre las 5:00 de la tarde del pasado 27 de noviembre, incursionaron a las veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, al margen del Rio Patía, varios integrantes del Eln que buscabansometer a subversivos del grupo armado denominado “Resistencia Campesina”.

A esta acción se opusieron dos altos mandos del grupo armado –los hermanos Álvaro y Nilson Samuel Cuero, según la Defensoría– quienes fueron los primeros en abrir fuego. En respuesta, los integrantes del Eln “respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil”. El saldo fue de 13 personas muertas.

Precisamente, en la vereda Pueblo Nuevo fueron hallados cuatro cadáveres, entre ellos, los de los hermanos Cuero. “El tercer cuerpo corresponde presuntamente a alias ‘Uriel’, proveniente de una vereda del río Tapaje en el municipio del Charco. El último de estos cuerpos pertenecería a Héctor Segundo Borja Estupiñan, que, según la información de la comunidad, padecía una discapacidad mental”, explica la Defensoría.

Posteriormente, el miércoles 29 de noviembre, fueron sepultados en la vereda Ricaurte dos cuerpos que correspondían a miembros de la población civil: una mujer de 22 años, en estado de embarazo, identificada como Yensi Carolina Orobio Arboleda, y Dubán Maquines Ordoñez. Por otro lado, en la vereda Playón, también fueron sepultados otros dos civiles: Milton Mauricio Quiñones y Yenson Bernardo Quiñones Hurtado. “Sin embargo, algunos miembros de la comunidad aseguran que eran disidentes de las Farc”, agrega la Defensoría.

Dos cadáveres más fueron sepultados en la vereda Panga del municipio de Roberto Payan, identificados como Hugo Alfredo Preciado y Jorge Leonardo Pastrana. Otro cuerpo sin vida, que no pudo ser identificado, fue llevado a la vereda Punta de Barco. Finalmente, en la vereda las Cruces de la población de Barbacoas, fue sepultada otra persona –Jesús Orfilio Landazury Quiñones–, y un último cuerpo fue hallado el sábado 2 de diciembre. Se trataba de Édinson Ortiz Bolaños, quien se desempeñaba como representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas.

Las versiones recopiladas por la Defensoría advierten que el hermano del representante del Consejo Manos Amigas –identificado como Wilman Haney Ortiz Bolaños– fue retenido por el Eln y, al parecer, haría parte delas disidencias, respondiendo al alias de ‘Gavilán’. Por ello, el organismo “elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese del fuego y hostilidades que representa esta acción por parte de miembros de esa guerrilla”.

“Estado debe proteger a autoridades civiles y líderes sociales”

Al verificar el temor entre la comunidad ante posibles nuevos enfrentamientos, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, elevó un llamado al Gobierno Nacional “para que se protejan las autoridades civiles y líderes sociales de la zona quienes han manifestado esta amenazados por tratar de proteger la población y denunciar hechos violentos”.

El funcionario también instó al Estado a ofrecer una oferta institucional a todo el Andén Pacífico, en donde se ha evidenciado el confinamiento que sufren los campesinos, “que por acción de grupos violentos no pueden desplazarse, realizar sus actividades de campo o estudio. (…) Necesitamos al Gobierno dando asistencia a todas las veredas más recónditas”, precisó el defensor del Pueblo.

Por: EE.




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *